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En menos de un año, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pasó de ser solo testigo en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la llamada “noche de Iguala”, a ser imputado por los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas. Sí, el actual gobierno federal ha marcado distancia y eso llevó a su detención y traslado al penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez.
El pasado jueves, el ex gobernador fue ingresado al Cefereso luego de su detención en Tepotzotlán.
GIRO POLÍTICO
La Fiscalía General de la República, entonces dirigida por Alejandro Gertz Manero, había mantenido inmóvil la línea de investigación que apuntaba hacia el ocultamiento de videos de las cámaras de seguridad del Gobierno estatal, donde se habría grabado el momento en el que policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas.
No fue hasta enero de 2026, ya con Ernestina Godoy al frente de la FGR, cuando apareció un testigo colaborador que confirmó la existencia de las grabaciones y la presunta sustracción de las mismas, ordenada por funcionarios estatales.
Y, en mayo pasado, según el relato de la fiscal, un segundo testigo protegido señaló que el exgobernador ordenó expresamente desaparecer la evidencia grabada desde las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
Por lo que la FGR dirigió las investigaciones hacia la figura del ex mandatario de Guerrero.
Aguirre ahora mantiene un proceso judicial federal desde el Altiplano por los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas, lo anterior a poco más de un mes de que se cumplan 12 años de la llamada “Noche de Iguala”, que sigue sin justicia para las familias de los 43 estudiantes.
Vía El País
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