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Al coincidir en que la entidad requería una normatividad en materia de salud ante los retos actuales que enfrenta el sector, comisiones unidas del Congreso estatal aprobaron expedir la Ley de Salud del Estado de México, con el objetivo de regular los servicios, garantizar el derecho de la población a la atención médica, definir las responsabilidades de las autoridades y fortalecer la coordinación institucional en esta área.

Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, presididas por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), avalaron esta normatividad que conjunta 15 iniciativas presentadas por congresistas de morena, PVEM, PT, PAN, PRI, MC, PRD y un ciudadano, así como de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues la calificaron de algo histórico dado que el tema de salud se normaba bajo el Libro Segundo del Código Administrativo estatal. 

Las propuestas fueron autoría de las diputadas Jennifer Nathalie González López y María del Carmen de la Rosa Mendoza, y del diputado Esteban Juárez Hernández, de morena; de las bancadas del PVEM, MC y PRD, coordinadas por los legisladores José Alberto Couttolenc Buentello, Juan Manuel Zepeda Hernández y Omar Ortega Álvarez, respectivamente; así como de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), en conjunto con el ciudadano Juan Eduardo Salazar López; de la congresista María Mercedes Colín Guadarrama (PRI); y de las diputadas Emma Laura Alvarez Villavicencio y Krishna Karina Romero Velázquez (PAN), suscritas también por su coordinador, el parlamentario Pablo Fernández de Cevallos.

Con el nuevo ordenamiento, de aplicación obligatoria en los sectores público, social y privado de salud, se abroga el Libro Segundo del Código Administrativo de la entidad, relativo a la salud, y se incorporan reformas en materia sanitaria. 

El dictamen reconoce como principales alcances de la ley la mejora en la calidad de los servicios de salud públicos, sociales y privados; el fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención de enfermedades; así como un mayor fomento, regulación y control epidemiológico y sanitario.

Norma acciones específicas para la atención conjunta al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis; de las emergencias obstétricas y condición materno perinatal; la prestación de servicios para la interrupción del embarazo; y el cuidado de las infancias y adolescencias, así como de las personas adultas mayores para un envejecimiento sano, entre otras.

Además, se fundamenta en principios como la gratuidad en el sector público; calidad; humanismo (empatía y trato digno y respetuoso hacia los usuarios); interés superior de la niñez; perspectiva de género; progresividad (mejoramiento continuo del sistema de salud); universalidad (todas las personas son titulares del derecho a la salud); justicia social (reducción de la brecha entre quienes tienen acceso y quienes han sido marginados de estos servicios); atención etaria (adaptada a las necesidades de salud según grupos de edad); y sostenibilidad (asegurar la prestación de servicios de salud a las generaciones futuras).

Reconoce, por primera vez, los derechos de las personas usuarias y de los pacientes con un catálogo robusto de derechos, incluidos el trato digno, el consentimiento informado, la confidencialidad, el acceso al expediente clínico, la atención de urgencias y el acceso a medicamentos.

Igualmente, identifica como grupos de atención prioritaria por enfrentar dificultades para hacer efectivo su derecho de acceso a la salud, a las personas adultas mayores; mujeres y personas gestantes; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; personas en situación de calle; integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ (lésbica, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer y más); personas migrantes; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.

Por otra parte, garantiza el abordaje integral del derecho a la salud en sus dimensiones preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa, y dispone la creación de un Sistema Estatal de Salud como la máxima autoridad en la materia, a fin de facilitar políticas públicas transversales, consolidar la prestación de servicios e impulsar mecanismos de colaboración interinstitucional.

En observancia de los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera, se establece que la estructura organizacional operará con recursos humanos, materiales y presupuestales actuales, sin generar cargas adicionales.

Agrega que su aprobación representa un momento histórico, pues durante décadas el sector presentó notables rezagos en la prestación de estos servicios.

Durante la reunión, la diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) propuso suprimir el capítulo relativo a la prestación de servicios de interrupción del embarazo, argumentando que convertiría las reformas en un servicio garantizado, gratuito, inmediato y promovido por el Estado. 

Además, manifestó su preocupación por la objeción de conciencia del personal médico en estos casos, al considerarla una imposición condicionada. No obstante, la propuesta fue rechazada por mayoría de votos.

Al respecto, el diputado Carlos Zurita señaló que la reserva va en contra de lo sentenciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que al respecto establece la Constitución federal, sobre el reconocimiento del derecho a decidir de mujeres y personas gestantes. 

Sobre la nueva ley, por parte de morena, la legisladora Jennifer Nathalie González López, presidenta de la Comisión Legislativa de Salud, destacó que la norma garantiza la capacitación continua y la profesionalización del equipo de salud, estableciendo claramente las responsabilidades que les corresponden en el ejercicio de sus funciones.

La diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza reconoció la incorporación de su propuesta para prevenir y combatir el robo de medicamentos y demás insumos esenciales para la salud.

Su compañero, el parlamentario Octavio Martínez Vargas, puntualizó que sienta las bases jurídicas y administrativas para dar mejores resultados a la sociedad en salud. Asimismo, enfatizó que se mejoran los aspectos preventivos y de atención para personas con adicciones. 

Al afirmar que garantiza la objeción de conciencia del personal médico en procedimientos de la interrupción del embarazo (que debe informar a sus superiores si no desean participar en ellos), la parlamentaria Zaira Cedillo Silva dijo que se busca reducir casos de embarazos no deseados, embarazos en infancias y adolescencias, y que se promueve la planificación familiar, el registro de procedimientos y casos de violencia, el combate a la violencia obstétrica. 

La legisladora Paola Jiménez Hernández (morena) resaltó que la ley contempla aspectos preventivos, de derechos humanos y de la libertad de decisión de las mujeres, así como disposiciones relacionadas con lo presupuestal, jurídico y con soluciones para el desabasto de medicamentos.

En su participación, la legisladora Sandra Patricia Santos Rodríguez señaló que se responde a una realidad que ya no se puede ignorar: un sistema que muchas veces llega tarde a las personas usuarias. Además, reconoció que fortalecerá la coordinación de autoridades, la prevención, el acercamiento de los servicios y la reducción de desigualdades. 

También de morena, el legislador Vladimir Hernández Villegas refirió que se tiene que materializar en instituciones, en políticas públicas y en el factor humano de acuerdo a las demandas del pueblo. Por otro lado, llamó a los sindicatos para que colaboren en la construcción del Estado de Bienestar.

Por el PVEM, la congresista Honoria Arellano Ocampo enfatizó que la ley se enfoca en un 75 por ciento en acciones preventivas y que permitirá mejorar la administración, supervisión y control del sistema de salud mediante nuevas tecnologías. Contribuirá a reducir la mortalidad en las poblaciones más vulnerables, como menores en situación de calle, mujeres en casos de interrupción del embarazo y personas de la comunidad de diversidad sexogenérica.

Del PT, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón señaló que su implementación mejorará la atención médica, fortalecerá la prevención de enfermedades y promoverá hábitos saludables en la sociedad. Además de que impulsará lamodernización de los servicios y reconocerá la importancia del personal médico.

De la bancada panista, al lamentar que el 48.8 por ciento de la población mexiquense (8.6 millones de personas) carece de acceso a la seguridad social, la diputada Krishna Romero recalcó la relevancia de que responda a los retos actuales y corrija los rezagos para colocar a la población el centro de la política pública; además, resaltó la incorporación de la salud digital para facilitar trámites. 

Su compañera, la congresista Emma Laura Alvarez Villavicencio, apuntó que poco sirve contar con un marco jurídico sólido si no se da la voluntad política ni el presupuesto necesario para hacerlo realidad. Afirmó que, con la prestación de servicios de interrupción del embarazo, podría percibirse que se fomenta una “cultura de muerte”.

Finalmente, de MC, la diputada Maricela Beltrán Sánchez resaltó la inclusión de manera expresa en la normatividad del diagnóstico y tratamiento integral del cáncer infantil, así como la creación de un comité especial en la materia, así como la importancia que se le da a los temas de diabetes y enfermedades renales. 

También reconoció que se privilegie el aspecto preventivo, pero admitió que se debe acompañar presupuestalmente, y mejorar el abasto de medicamentos y la atención en hospitales de primer nivel.